"El uso masivo de mercenarios ha provocado un aumento de la violencia"

por Fátima Ruiz [1]

Franquicias de ejército para combatir franquicias de terror. En la era de la globalización de los mercados, la guerra cotiza en bolsa y se hace a base de sucursales: contratistas de los Gobiernos a la caza de contratistas de Al Qaeda. Con los civiles pagando las quiebras de la privatización bélica del nuevo siglo.

Lo cuenta Daniel Pereyra, periodista y escritor argentino que ha esbozado en su libro Mercenarios, Guerreros del Imperio (Edit. El Viejo Topo) un retrato de la guerra que es y de la que viene. «El mercenario es tan viejo como el mundo, pero su empleo masivo es algo completamente nuevo», señala, elevando a unos 200.000 el número de los que actualmente trabajan en Irak, uno de los dos grandes teatros militares en activo hoy, junto con Afganistán.

Alquilar un Ejército es tan simple como descolgar un teléfono. Hacerse mercenario -contratista en los términos menos crudos elegidos por el Pentágono- es algo más difícil. «Hay que acreditar aptitudes, como en cualquier trabajo», señala Pereyra. Es decir, experiencia militar o policial: «Se valoran mucho unos 10-15 años de servicio en tropas especiales, como los comandos de la Marina del Reino Unido o los Rangers de Estados Unidos».

En el mercado bélico también hay clases. Dependiendo de los sueldos, por ejemplo: 9.000 euros mensuales en el caso de los más caros, los mercenarios de combate. Y dependiendo también de la nacionalidad, cuyo ranking encabezan además de británicos y estadounidenses, los israelíes, alemanes y ciudadanos de las ex repúblicas soviéticas. A la cola de la clasificación, explica el periodista, latinoamericanos y africanos, los grupos más proclives a ver esfumarse las promesas de conseguir en un año el sueldo de una vida.

En el mercado de los mercenarios también existen timos. «En Colombia, por ejemplo, los reclutan desde el mismo Ejército, tentándoles con embolsarse 6.000 dólares donde antes ganaban 1.500», dice Pereyra. A la hora de embarcarse rumbo a Bagdad, el salario se ha recortado casi hasta la mitad. «Cuando llegan a Irak, se encuentran con que van a ganar sólo 1.000 dólares». Las reclamaciones amainan en cuanto que se les informa de que no hay dinero para el billete de vuelta.

En las tropas privadas han encontrado los gobiernos remedio a la escasez de soldados regulares. «La supresión del servicio militar obligatorio en Estados Unidos redujo el ejército de cuatro millones a menos de 500.000», dice Pereyra.

A las complicaciones de reclutamiento se une el trasvase de oficiales a la empresa privada. En el caso norteamericano, el esfuerzo de Irak ha dejado seco a un Estado que trata de suplir las carencias con proselitismo en las universidades y confiando las tareas bélicas en el terreno a mercenarios y nacionales de los países ocupados.

«Son los cipayos», asegura el investigador. «Afganos o iraquíes que, presionados por el hambre y la destrucción de sus países, se enrolan en la policía o el ejército y se dan cuenta de que tienen que luchar contra su propio pueblo», añade el escritor. Como ejemplo, los «puestos avanzados» que se están montando en Bagdad: «La proporción es de 100 soldados americanos contra 500 iraquíes, que son los primeros que mueren porque son los primeros que salen a patrullar». La tropa, dice, es «poco fiable»: «¿A qué bandera obedecen? Porque la gente está dispuesta a morir, pero hasta cierto punto».

«La consecuencia del uso masivo de mercenarios es un aumento brutal de la violencia, que deriva en casos como los que ha protagonizado la empresa estadounidense Blackwater en territorio iraquí [personal de esa compañía de seguridad mató a 17 civiles en un tiroteo el mes pasado]», dice Pereyra. Y una tremenda erosión de los derechos humanos. «El mercenario obedece a quien paga, que es a su vez un empresario privado que cobra, por ejemplo, del Pentágono». Por ello, dice el periodista, es difícil coordinarlos con las tropas: «No se rigen por reglas y permanecen inmunes en virtud de acuerdos con los Gobiernos locales para que se inhiban de perseguir sus posibles delitos».

La Patriot Act, paraguas legal para los excesos de la Guerra contra el Terror, ampara frente a la justicia a los nuevos funcionarios de la guerra, prohibidos por Naciones Unidas, pero protagonistas de los conflictos del nuevo siglo: «Su impunidad invalida de por sí cualquier intento por justificar las causas que originaron una guerra».