La gestión de los recursos hídricos y los contrasentidos de la crisis

por Amàlia Salt [1]

La situación actual, de supuesta sequía y restricciones no es más que el resultado de años de inoportuna gestión. La política hidráulica del Estado Español se ha basado en la construcción de grandes obras como embalses y transvases. Esta visión considera los regímenes naturales de los ríos factores salvajes a controlar a través de herramientas humanas. La legislación al respecto sigue estas directrices.

Se destacan los embalses como mecanismos de regulación fluvial cuando, en realidad, son utilizados en cota alta (para abastecer regadíos y maximizar potencia de turbinaje), lo cual les resta capacidad de laminación en avenidas y de almacenaje durante sequías.

Paralelamente, los transvases se plantearon en su inicio (borrador del Plan Hidrológico Nacional, 1992) como la panacea a una supuesta crisis hidrológica. Se pretenden generar dependencias entre cuencas con el ilegítimo uso de la palabra "solidaridad" y de conceptos como los de cuenca excedentaria o pérdidas de agua en el mar. Hay que denunciar que son actividades especulativas (urbanización masiva del litoral, campos de golf) las principales beneficiadas de la supuesta "solidaridad".

El proyecto político y nacional español entiende la cuestión del agua como una oportunidad vertebradora del territorio. Y, en tanto que capitalista, este proyecto "redistribuye" la riqueza pública hacia especulaciones depredadoras. El sector agrícola también reclama transvases para ampliar regadíos a zonas climáticas poco adecuadas para sostener este tipo de agricultura con la intensidad actual. Hoy, el regadío es el consumidor del 80% del agua en el Estado español. Hay que repensar el modelo agrícola en función de la realidad climática.

Los principales actores en la gestión del agua en el Estado español son las Confederaciones Hidrográficas, que controlan las cuencas de los ríos principales, la gestión y la disponibilidad del recurso. Las cúpulas de estas entidades no han sido renovadas desde el franquismo y hay activa participación de regantes e hidroeléctricas, pero no del mundo científico o social.

En el 2000 se aprueba a nivel europeo La Directiva Marco del Agua que vela por la calidad del agua de los ríos, propone principios de recuperación de costes y la participación ciudadana en la gestión. Pero los estados no la están desplegando adecuadamente por la ambigüedad en el traspaso a legislación y el incumplimiento de los plazos previstos.

Los “problemas” del agua

Es en este escenario que se nos habla de sequía y falta de agua, ésta última definida exclusivamente a partir de la relación de la sociedad con el medio. El único déficit que existe es el exceso de consumo frente a ciclos o ritmos naturales. La sequía actual es en parte climática, y en parte consecuencia del inadecuado uso de los recursos. Y aquí juega un papel muy importante la percepción social de lo que se denomina "problemas del agua".

En consecuencia, a mayor sensación de escasez, mayor es el negocio de toda iniciativa privada en torno al agua, empezando por hidroeléctricas, embotelladoras, desalinizadoras, depuradoras y agencias de abastecimiento. Y empresas que obtienen grandísimos beneficios de la paulatina privatización de la gestión hídrica (como la reciente propuesta de Agbar al gobierno catalán de encargarse de la gestión hídrica de toda el área metropolitana de Barcelona, ocupando el lugar de la empresa pública Aguas
Ter Llobregat).

En este cruento contexto hace falta una Nueva Cultura del Agua (NCA). Este movimiento social, transformado recientemente en fundación, predica la percepción del "problema" desde un punto de vista holístico. El agua tiene que considerarse recurso, pero hace falta respetar la dimensión ecológica y geomorfológica de la dinámica fluvial y contemplar principios éticos y morales en su gestión.

Desde nuestros hogares tenemos que practicar el ahorro, pero hemos de exigir el mismo compromiso a la Administración, hoy por hoy, inexistente. La NCA propone acciones directas, de ahorro, redistribución y, sobre todo, de replantear el papel de la sociedad en relación con el medio. Y, mientras tanto, desde la izquierda tenemos que hacer pedagogía y construir un discurso riguroso, crítico y alternativo a los principios impuestos desde las instituciones y al modelo actual de gestión.