Viernes 21 de mayo de 2010
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Por Jorge Sánchez [1]
Uno de los modelos de participación social y vecinal en la que ciudadanía ejerce la participación real en la actividad del territorio es a través del modelo de la gestión directa de equipamientos municipales.
Según la regulación de la normativa de participación de propio Ayuntamiento de Barcelona, se contempla en dos casos. Cuando un equipamiento lo gestiona directamente la administración, o cuando cede esa cesión a una entidad, un grupo de entidades o una coordinadora de gestión sin ánimo de lucro, entendiéndose esta cesión como la programación de las actividades, la contratación del personal y la plena autonomía de sus contenidos y orientación. No se debe confundir con la gestión indirecta que es aquella por la cual la administración subcontrata mediante un concurso abierto la gestión a empresas, fundaciones, y cooperativas donde el ánimo de lucro y la competencia de ofertas siempre termina hipotecando el servicio.
Eso es lo que sucede en Ciutat Vella. Centros Cívicos como el Pati Llimona o el Centre Cívic del Convent de Sant Agustí se convierten en todo menos en un referente de la vida asociativa del barrio pasando a ser espacios o centros de consumo cultural de ciudad aunque estén catálogados como equipamientos de barrio. Muy pocos vecinos y vecinas de Ciutat Vella piensan en estos equipamientos como un lugar para organizar actividades. La rentabilización de las empresas gestionadoras manda.
Dicho esto, el ejemplo de la gestión cívica por parte del tejido social de un barrio no es un modelo ajeno a la ciudad de Barcelona. La Casa Orlandai en Sarriá, La Farinera en el Clot, o el Centro Cívic Can Basté, Casal de Prospe y el Ateneu de Nou Barris son ejemplo de cómo un barrio se cohesiona y fortalece a través de un pacto de confianza entre la administración local y el tejido social y vecinal. ¿Qué pasa pues en Ciutat Vella?
El equipamiento situado en el Forat de la Vergonya, (conocido como equipament del Pou de la Figuera) podría ser lo más parecido a una especie de gestión cívica, con la pequeña salvedad que el presupuesto y la mediación de cualquier actividad depende de la empresa Tránsit. El proceso participativo para la gestión cívica se cerró en falso, de la misma manera la incertidumbre pesa de manera creciente sobre el Casal de Joves de la Penya, que está ultimando sus obras y en menos de un año tendrá que ponerse en funcionamiento.
RAI lleva nada menos que 15 año reclamando un equipamiento de este tipo, creando un órgano de gestión compartido con todas las entidades que trabajan con jóvenes del territorio, elaborando proyectos y visitando y formándose en las muchas experiencias que hay en Barcelona sobre la gestión cívica. El compromiso verbal con el visto y no visto regidor Carles Martí (compromiso verbal, ratificado en la última Audiencia Pública del Distrito) no ha llegado a concretar en ningún documento en todo este tiempo. Pero después de un año con cambios en la regidoría y sin, hasta la fecha, conseguir una reunión para establecer los pasos a seguir, el compromiso firme que certifique la voluntad política para que el casal de jóvenes no se externalice han generado dudas, y sobretodo mucha frustración entre los que llevamos muchos años trabajando por un espacio desde los jóvenes y para los jóvenes en el Casc Antic.
La rentabilidad social, nunca contemplada en este tipo de gestión, es incuantificable y un proyecto basado en la educación no formal, que no pase por la gestión cívica nunca se podrá considerar un Casal de Joves. De la misma manera que muy pocas personas ven el Centro Cívico del Convent de Sant Agustí como la acción participativa directa y responsable que el Ayuntamiento promociona de manera machacona. Si realmente se quiere potenciar el trabajo de las asociaciones en Ciutat Vella, este es el momento de hacerlo realidad. Si no es así sólo caben dos hipótesis.
Que no se confíe en la capacidad de gestión de las asociaciones que llevamos más de 15 años trabajando con jóvenes, asumiendo el reto de fomentar la participación y la gestión de su propio tiempo libre de una manera autogestionada y no consumista, o bien que se prime el “ajuste” económico que representaría un concurso público y abierto. En ambos casos una burla y falta total de credibilidad de un Ayuntamiento que vende participación siempre que sea controlada y económicamente rentable.
[1] Artículo publicado en la revista Masala.