El impasse

Editorial RG#32 marzo 2007 [1]

Euskadi

Casi dos meses después del atentado de Barajas, el impás en el que se ha situado el conflicto vasco sigue condicionando la vida política del conjunto del Estado y, singularmente, de Catalunya. Siguiendo su estrategia de desgaste del ejecutivo socialista, el PP atiza las tensiones: desde la calle, movilizando las fuerzas del “franquismo sociológico”, y desde las instituciones. En la Audiencia Nacional, heredera del “Tribunal de Orden Público” de la dictadura, como en el Tribunal Constitucional, los magistrados afines a la derecha están procediendo a una especie de “golpe de estado togado” que coloca bajo tutela el precario régimen de libertades del país. Ante un PSOE paralizado por el miedo y por sus propias contradicciones internas, arbitrariedades y provocaciones se suceden. Hoy, una manifestación de la ciudadanía vasca es prohibida. Al día siguiente, el mismo lehendakari es convocado a los tribunales...

En este contexto, el caso de Iñaki De Juana deviene paradigmático. Después de haber cumplido la pena a la que fue condenado, ha habido que “construir nuevas imputaciones” – como dijo en su día el titular de justicia – para que De Juana no saliese a la calle. Los lobos huelen el miedo: la cobardía del PSOE excita y envalentona la banda de los Rajoy, Acebes y Zaplana. Ciertamente, Zapatero balbucea que “confía reemprender un día el proceso de paz”... pero se muestra incapaz de realizar ningún gesto significativo, susceptible de apaciguar tensiones y esbozar la perspectiva de una salida dialogada: la liberación de un huelguista de hambre, condenado por un delito de opinión y en peligro inminente de muerte, o el acercamiento de los presos vascos a Euskadi. Por no hablar de esta auténtica máquina de guerra contra la izquierda abertzale que representa la ley de partidos.

¿Desde los sectores más lúcidos de la izquierda, desde los movimientos sociales y democráticos, seremos capaces de contrarrestar estos siniestros aullidos que exigen más y más represión? Se trata de humanidad y solidaridad. Pero también de las libertades democráticas de todos y todas. El fracaso estrepitoso de la reforma estatutaria catalana – ni siquiera el texto desnaturalizado, aprobado en el escuálido referéndum del 18-J, osa desencallar Madrid -, así lo demuestra. Iniciativas a favor del diálogo como las que desarrolla la campaña unitaria “Sí al proceso de paz” revisten, pues, una importancia excepcional. La campaña, que acaba de tomar posición a favor de la excarcelación inmediata de De Juana, convoca un nuevo acto en Barcelona, el próximo 22 de marzo, aniversario del anuncio de la tregua por parte de ETA. “Revolta Global” estará.

Catalunya

A pocos meses de su aprobación, el nuevo estatuto (fruto de los recortes de las Cortes españolas y del pacto Mas-Zapatero) ha mostrado bien pronto buena parte de sus limitaciones, ya que las menguadas posibilidades que ofrece el nuevo texto se ven sometidas siempre a la voluntad de las instituciones del Estado.

De entrada, una alud de normas estatales sigue invadiendo las competencias (antiguas y nuevas) de la Generalitat (el decreto de enseñanzas mínimas solo es un ejemplo) haciendo añicos el pretendido blindaje de competencias que aseguraba, según decían, el nuevo estatuto.

En segundo lugar, en el debate de presupuestos, el gobierno central ha hecho su interpretación particular de la disposición adicional relativa a las inversiones adscritas a Cataluña, recortando significativamente los cálculos de la parte catalana. Entretanto, el déficit en infraestructuras se hace cada vez más evidente, como en el servicio de cercanías de RENFE, donde decenas de miles de usuarios sufren las consecuencias de continuas averías.

Otros puntos siguen totalmente atascados. El nuevo modelo de financiación (que diferirá bien poco del actual) no comenzará a definirse hasta después de las elecciones generales, y a pesar de los compromisos adquiridos, siguen sin hacerse públicas las balanzas fiscales.

Por si todo eso fuera poco, la recusación (con argumentos jurídicos más que chapuceros) del magistrado Pérez Tremp por parte de la mayoría del Tribunal Constitucional abre la vía a la declaración de inconstitucionalidad de numerosos artículos del Estatuto. Una sentencia en este sentido (que podría retrasarse bastantes meses) representaría una crisis sin precedentes por el conflicto insuperable de legitimidades y la ruptura del pacto estatutario. La necesidad de cuestionar el marco constitucional se haría evidente.

Ante este desarrollo del nuevo estatuto, que solo puede generar frustración y escepticismo entre la sociedad catalana, su representación política se mueve entre la pasividad del Gobierno d’Entesa y el aprovechamiento oportunista y demagógico de CiU (que al mismo tiempo tiene puesta la mirada en una posible participación en el gobierno del Estado, sin descartar formar gabinete con el PP).

Entre tanto, el dieciocho de febrero, la Plataforma por el Derecho de Decidir ha conmemorado en la calle el primer aniversario de la gran manifestación de hace un año, y lo ha hecho con la propuesta de una nueva campaña de recogida de firmas a favor del traspaso a la Generalitat de las competencias para convocar referéndums sobre cualquier tema, que pondrá sobre la mesa el derecho de autodeterminación y el derecho de decidir en todos los ámbitos. Y ésta sí es una buena noticia.