div 6 març: Concentració Colòmbia

UNIDOS PARA RECUPERAR LA MEMORIA POR UNA COLOMBIA SIN OLVIDO

Quienes suscribimos este llamamiento, víctimas de crímenes de Estado, organizaciones e instituciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, fuerzas políticas, y personas comprometidas y solidarias con una Colombia en paz y con justicia social declaramos lo siguiente:

1. Que rechazamos todas las formas con las que el Estado colombiano viola los derechos humanos y comete crímenes contra la humanidad. Denunciamos la política de “seguridad democrática” y sus estrategias y tácticas de guerra no convencional violatorias del derecho internacional, que vulneran los principios básicos del Estado de derecho y vinculan cada vez más a los civiles en el conflicto armado. Así mismo las ejecuciones extrajudiciales, el pago de recompensas, el uso de distintivos de organizaciones internacionales y medios de comunicación en operaciones militares, las desapariciones, la tortura, y desplazamientos forzados utilizados de manera sistemática contra la población civil como herramientas de terror con la excusa de la lucha contra el terrorismo.

2. Que resulta inadmisible toda defensa pública de estos crímenes, sea por razones ideológicas o de Estado, bajo el pretexto de la seguridad nacional, del pretendido derecho a la autodefensa o de cualquier otro argumento. Consideramos que toda expresión o discurso con el que se pretendan justificar las violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario, que aleja del camino de la paz y la democracia, máxime si es el Estado el que lo induce.

3. Por tal motivo exigimos del Gobierno colombiano el reconocimiento de la existencia de víctimas de crímenes de Estado. Que se respete su derecho a organizarse y reconozca su legitimidad para hacerlo. Igualmente reivindicamos las garantías para ejercer la oposición política y la protesta social. El Estado debe garantizar a las víctimas su protección y los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación y las garantías de NO REPETICIÓN.

4. Manifestamos nuestra alegría por el gesto unilateral de las FARC de liberar a algunas de las personas que mantenían en su poder. Felicitamos a la plataforma “Colombianos y colombianas por la paz” y a la senadora Piedad Córdoba por los frutos de su mediación. Insistimos que el Estado colombiano y la insurgencia deben avanzar hacia la suscripción de acuerdos humanitarios que disminuyan el impacto de la confrontación armada en la población civil. En este sentido alentamos a la plataforma “Colombianos y colombianas por la paz” a continuar con el diálogo que lleva a cabo con la insurgencia y al gobierno a apoyarlos, incluyendo en ese diálogo al ELN. Igualmente exigimos a la insurgencia que cese toda acción que atente contra la población civil y que acate y respete los principios y normas del derecho internacional humanitario. 5. Exigimos verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de crímenes contra la humanidad y genocidio: que se identifiquen plenamente los restos encontrados en las fosas comunes y sean devueltos a sus familiares; la restitución de las tierras a los desplazados y la derogación de las medidas legales que profundizan la expoliación de los territorios y que benefician a las transnacionales; el desmonte definitivo de los grupos paramilitares y la eliminación de las leyes nacionales que propenden por el traslado a los civiles de las funciones de seguridad; que se persiga y castiguen aquellos funcionarios públicos, empresas transnacionales y partidos políticos comprometidos en la “parapolítica”, que son los autores intelectuales y beneficiarios directos de crímenes de lesa humanidad. Esto significa el reconocimiento público de los crímenes por parte de quienes los han cometido, permitido o auspiciado para que la sociedad en su conjunto se horrorice por el pasado criminal del poder económico y político y para que NUNCA MÁS permita que se repita.

A la comunidad internacional:

Manifestamos nuestra preocupación por la ambigüedad del Gobierno del Estado Español y de los demás Estados de la Unión Europea ante el conflicto colombiano, por eso demandamos acciones claras y en la vía de apoyar la salida política y negociada del conflicto armado. En este sentido solicitamos:

Al gobierno del Estado español:

1. Que condicione las inversiones de las empresas de capital español al estricto cumplimiento y respeto de los derechos humanos en el territorio colombiano.

2. Que se privilegie la cooperación para la paz antes que para la guerra, por lo tanto exigimos que se anulen los contratos de venta de armas y cooperación militar suscritos con Colombia.

A todos los gobiernos de la Unión Europea

3. Respeto por las riquezas naturales, las culturas y la soberanía del pueblo colombiano puestas en riesgo por las condiciones establecidas en los tratados de libre comercio que se pretenden ratificar.

4. Que se condicione la cooperación con el Estado Colombiano al desmonte real de los grupos paramilitares y la no utilización de tácticas de guerra no convencional o métodos proscritos en el derecho internacional humanitario

5. Que se aporte en la construcción real de condiciones para la paz con justicia social en Colombia, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas y se exija la superación real de la impunidad en Colombia.

En Barcelona 06 de marzo de 2009